Violencia física contra los niños creció 9%

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Violencia física contra los niños creció 9%

En Ecuador la problemática afecta al 18% del grupo etario. Foto: Google

Los estudios desarrollados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) revelan que en región la violencia, especialmente la física, (castigo corporal) es una vivencia casi universal para los niños, tanto en sus hogares como en otros ámbitos de la vida cotidiana.

En Ecuador la problemática afecta al 18% del grupo etario, de acuerdo con el informe del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional (2016). La violencia de padres a hijos se incrementó en 9 puntos porcentuales en 10 años: pasó de 35% a 44%. El mismo documento revela que el 30% de quienes tienen entre cinco y 17 años están expuestos a castigos violentos (golpes o insultos) en sus centros educativos.

Esa realidad motivó a la exasambleísta Marisol Peñafiel a presentar el año pasado el ‘Proyecto de Ley Orgánica para una Niñez y Adolescencia Libre de Castigo Físico, Tratos y Penas Degradantes’, que aún espera el segundo debate y la aprobación del Poder Legislativo.

El propósito de la normativa es brindar el marco legal para cambiar los comportamientos adultos sobre los infantes. “Es importante que Ecuador dé ese paso para prohibir el castigo corporal. La violencia disminuyó en los países con esta legislación. En Suecia -que fue uno de los primeros- las bofetadas, que eran constantes, se redujo a 20%”, precisó Rossana Viteri, directora de Plan Internacional Ecuador. El artículo 6 del proyecto establece que todos los niños y adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia, haciendo énfasis en el rol del Estado para implementar políticas y programas basados en evidencias para abordar los factores causales de la violencia contra los niños y adolescentes.

“Queremos cambiar la cultura, pues la creencia que ‘la letra con sangre entra’ no debe ser el modelo de educar, pues los golpes se pueden convertir en la muerte de seres indefensos”, indicó Peñafiel. Para ella, la idea no es tener leyes castigadoras, sino concienciar a la sociedad de la necesidad de un cambio personal que se traslade en diálogo a todo nivel.

 

El artículo 9 de la iniciativa prohíbe que las personas a cargo de menores de edad apliquen normas de disciplina -dentro de la justicia indígena- contrarias al principio de interés superior bajo la justificación que son propios de su cultura.

 

Fuente: El Telégrafo